Los Contratos y la Constitución

Por Micaela Delfino

El derecho constitucional es una rama del derecho público que se ocupa de la estructura jurídica que tienen los Estados dentro del derecho positivo, y de la regulación de las relaciones que se producen entre él y los ciudadanos de su territorio.

Del mismo modo, el derecho civil, rama del derecho privado, es el conjunto de normas jurídicas y principios generales del derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales de los sujetos de derecho, sean de existencia ideal o visible.

Por lo tanto, el derecho civil se verá limitado en su autonomía y estará supeditado a lo que la Carta Magna y el derecho constitucional establezcan.

En primer lugar, la parte dogmática de la Ley Suprema –integrada por los primeros 43 artículos de la Constitución y el inciso 22 del artículo 75, incorporado luego de la reforma de 1994- regula los derechos y garantías de las personas tanto en sus relaciones con el Estado, como entre sí. Dicha parte constituye un catálogo de derechos subjetivos individuales, es decir, aquellas prerrogativas o facultades inherentes al hombre por su calidad de persona.

De esta manera, se consagran los llamados derechos de “primera generación”, que son atributos esenciales de la persona humana y base para el disfruto de los restantes derechos.

Dentro de los mencionados artículos podemos encontrar la libertad de circulación de mercaderías (artículos 9 a 11); los derechos de ejercer industria lícita, de comerciar, de disponer de y usar la propiedad y de asociarse con fines útiles dentro del artículo 14; el principio fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16, y la inviolabilidad de la propiedad, garantía ubicada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, cabe mencionar, que todos los derechos consagrados en la Carta Magna no son absolutos sino relativos, conforme lo establecido por el principio de legalidad, en cuya virtud los derechos están pensados para ser gozados de conformidad con las leyes que oportunamente reglamenten su ejercicio, permitiendo así la armonización del funcionamiento de los derechos de todos los integrantes de la comunidad. A su vez, el carácter relativo de los derechos surge de las declaraciones internacionales de derechos humanos, ya que no sólo no puede hacerse una separación tajante entre los diversos derechos teniendo en cuenta que todos constituyen un sistema, sino que, además, por su carácter histórico, responden a las necesidades, al grado de evolución y a los criterios de interpretación de una determinada época característica, por lo que se debe siempre estar abierto al reconocimiento y a la clasificación de nuevos derechos.

Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil argentino vigente hasta el 2015, se basó en la Constitución Nacional para erigir los principios cardinales del Derecho Privado patrimonial y podría decirse, en particular, de los ejes filosóficos que el renombrado jurista concibió para la regulación de los contratos en el código sancionado en 1869, que entró en vigencia en el año 1871.

El marco económico contractual para nuestro Código Civil era y continúa siendo el sistema capitalista, donde la primera premisa es la propiedad privada individual. A partir de la misma, los individuos tienen la libertad de disponer de sus bienes a través de las formas jurídicas que el ordenamiento legal provea y en las condiciones pactadas de común acuerdo. Especialmente, el contrato importa una alineación o coordinación de intereses entre dos o más particulares, a la que se logra llegar como resultado de un proceso de negociación de los contratantes en pie de igualdad.

El principio de igualdad ante la ley es, remontándonos a la historia mundial, el sustento proclamado por la Revolución Francesa, que determina entonces la autorregulación privada que, dentro de un determinado marco, postula el valor de la voluntad como fundamental e indispensable al pregonar que lo “libremente querido es lo justo”, y la principal fuente de inspiración de Vélez Sarsfield al redactar el Código Civil argentino fue justamente, al menos en materia de obligaciones, el Code Civil napoleónico de 1804.

Por lo tanto, el Derecho Contractual argentino y, más precisamente, su método de interpretación, se caracterizó con el modelo “liberal individualista”, es decir, con un gran enfoque en la autonomía de la voluntad y sin más restricciones que el orden público, la moral y las buenas costumbres.

No obstante, si bien la libertad de contratación no se encuentra en el enunciado expreso del texto constitucional, debe reputarse como implícita dentro del marco de una pluralidad de normas que reconocen las libertades individuales y sociales. Sí podremos encontrarla en el Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de 2015, en el Título II que trata los contratos en general, en su artículo 958, que enuncia lo siguiente: “Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.

De esta forma, la libertad de contratación abarca tanto la libertad de contratar o no contratar, como también la de elegir a la persona con la cual deseo efectivamente llegar a un acuerdo, y a su vez, la libertad de autorregular el contenido de dicho contrato de la forma más conveniente a los intereses de cada parte.

Dentro de la segunda etapa de constitucionalismo, la llamada “social”, que surge luego de la Primera Guerra Mundial, se incorporan derechos sociales y económicos, ya que resulta insuficiente la mera declaración de los derechos para garantizar su efectivo goce y el pleno desarrollo de la persona humana si el Estado no adquiere un rol activo en la promoción global de los derechos del hombre, proporcionando las condiciones necesarias capaces de cubrir los condicionamientos económicos y sociales, y las nuevas necesidades insurgentes. Bien conocemos esto como “Estado de Bienestar”, en el cual, el Estado, dotado de poder soberano e independiente, comienza a estar mucho más presente en todos los sectores en los cuales se desarrolla la vida en sociedad.

La igualdad, reputada anteriormente como universal, pasa a tener un carácter de calificada, convirtiéndose en “igualdad de acuerdo a las mismas oportunidades”.

A su vez, por esta intervención estatal, empieza a atenuarse la fuerza obligatoria de los contratos como consecuencia necesaria de una revisión judicial, atenta a posibles términos abusivos.

La reforma de 1968, introducida por la ley 17.711, incorpora principios en materia de derecho privado destinada a encontrar respuestas más justas a los conflictos negociales frente a la tensión entre la realidad socioeconómica y las instituciones jurídicas, más aún bajo gobierno de facto.

Asimismo, la modificación del artículo 2513 del Código Civil de Vélez Sarsfield que regulaba el ejercicio del derecho real de dominio, con todas las facultades que le son inherentes, pero siempre partiendo de la regla que ordena su ejercicio funcional o regular, lo que descarta cualquier pretensión de que fuese un derecho absoluto, fue de gran importancia simbólica: el modelo de interpretación del contrato pasa a ser el “intervencionista-solidarista”, el cual se caracteriza por limitar a la autonomía privada en función de las reglas y valores sociales.

El legislador de 1968, Guillermo A. Borda, centró su modificación apoyado en parte por la doctrina jurídica y la jurisprudencia, en una revisión de los contratos teniendo en cuenta abusos del derecho, lesiones, la teoría de la imprevisión, la preservación del equilibrio sinalagmático y la equidad y el principio de buena fe, reconociendo la brecha social, económica y hasta cultural que puede existir entre los sujetos.

Finalmente, luego de la reforma de 1994, surge la tercera etapa denominada “nuevo constitucionalismo”, producto de la fuerte aceleración de los tiempos, con grandes transformaciones en lo social y económico, en el cual aparece la amenaza colectiva de los derechos que, a su vez, incorporaría dentro de un contexto de “universalización” o “supranacionalización”, derechos humanos, derechos para el desarrollo sustentable de las personas y del medioambiente, y una respuesta ante la debilidad estructural del consumidor, entre otros.

Se destacan como derechos de “tercera generación” los políticos (arts. 36 a 40), aquellos de los consumidores y usuarios de salud, seguridad (art. 42) y las garantías del amparo contra actos de autoridad pública o de particulares (art. 43).

El artículo 42 garantiza el derecho a:

  • la protección de su salud, seguridad e intereses económicos
  • una información adecuada y veraz
  • la libertad de elección; y,
  • condiciones de trato equitativo y digno.

 En esta sintonía, el contrato deja de ser un asunto entre particulares, sino que se transforma en una institución social, trascendente de los intereses de los intervinientes, y donde el Estado mismo se atribuye el control de los contratos conforme su importancia social.

De esta manera, el contrato de consumo importa, ciertamente, una restricción a la libertad de autorregulación en determinados aspectos como, a modo de ejemplo, la imposición del contenido mínimo al contrato y el establecimiento de deberes de comportamiento, entre otros.

Asimismo, se produce una ruptura con el carácter absoluto del “efecto relativo” ya que se imponen responsabilidades y obligaciones a integrantes de la cadena de comercialización, sin ser éstos partes intervinientes del contrato pero que se encuentren lo mismo expuestos a la relación de consumo.

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