Los Contratos y la Constitución

Por Micaela Delfino

El derecho constitucional es una rama del derecho público que se ocupa de la estructura jurídica que tienen los Estados dentro del derecho positivo, y de la regulación de las relaciones que se producen entre él y los ciudadanos de su territorio.

Del mismo modo, el derecho civil, rama del derecho privado, es el conjunto de normas jurídicas y principios generales del derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales de los sujetos de derecho, sean de existencia ideal o visible.

Por lo tanto, el derecho civil se verá limitado en su autonomía y estará supeditado a lo que la Carta Magna y el derecho constitucional establezcan.

En primer lugar, la parte dogmática de la Ley Suprema –integrada por los primeros 43 artículos de la Constitución y el inciso 22 del artículo 75, incorporado luego de la reforma de 1994- regula los derechos y garantías de las personas tanto en sus relaciones con el Estado, como entre sí. Dicha parte constituye un catálogo de derechos subjetivos individuales, es decir, aquellas prerrogativas o facultades inherentes al hombre por su calidad de persona.

De esta manera, se consagran los llamados derechos de “primera generación”, que son atributos esenciales de la persona humana y base para el disfruto de los restantes derechos.

Dentro de los mencionados artículos podemos encontrar la libertad de circulación de mercaderías (artículos 9 a 11); los derechos de ejercer industria lícita, de comerciar, de disponer de y usar la propiedad y de asociarse con fines útiles dentro del artículo 14; el principio fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16, y la inviolabilidad de la propiedad, garantía ubicada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, cabe mencionar, que todos los derechos consagrados en la Carta Magna no son absolutos sino relativos, conforme lo establecido por el principio de legalidad, en cuya virtud los derechos están pensados para ser gozados de conformidad con las leyes que oportunamente reglamenten su ejercicio, permitiendo así la armonización del funcionamiento de los derechos de todos los integrantes de la comunidad. A su vez, el carácter relativo de los derechos surge de las declaraciones internacionales de derechos humanos, ya que no sólo no puede hacerse una separación tajante entre los diversos derechos teniendo en cuenta que todos constituyen un sistema, sino que, además, por su carácter histórico, responden a las necesidades, al grado de evolución y a los criterios de interpretación de una determinada época característica, por lo que se debe siempre estar abierto al reconocimiento y a la clasificación de nuevos derechos.

Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil argentino vigente hasta el 2015, se basó en la Constitución Nacional para erigir los principios cardinales del Derecho Privado patrimonial y podría decirse, en particular, de los ejes filosóficos que el renombrado jurista concibió para la regulación de los contratos en el código sancionado en 1869, que entró en vigencia en el año 1871.

El marco económico contractual para nuestro Código Civil era y continúa siendo el sistema capitalista, donde la primera premisa es la propiedad privada individual. A partir de la misma, los individuos tienen la libertad de disponer de sus bienes a través de las formas jurídicas que el ordenamiento legal provea y en las condiciones pactadas de común acuerdo. Especialmente, el contrato importa una alineación o coordinación de intereses entre dos o más particulares, a la que se logra llegar como resultado de un proceso de negociación de los contratantes en pie de igualdad.

El principio de igualdad ante la ley es, remontándonos a la historia mundial, el sustento proclamado por la Revolución Francesa, que determina entonces la autorregulación privada que, dentro de un determinado marco, postula el valor de la voluntad como fundamental e indispensable al pregonar que lo “libremente querido es lo justo”, y la principal fuente de inspiración de Vélez Sarsfield al redactar el Código Civil argentino fue justamente, al menos en materia de obligaciones, el Code Civil napoleónico de 1804.

Por lo tanto, el Derecho Contractual argentino y, más precisamente, su método de interpretación, se caracterizó con el modelo “liberal individualista”, es decir, con un gran enfoque en la autonomía de la voluntad y sin más restricciones que el orden público, la moral y las buenas costumbres.

No obstante, si bien la libertad de contratación no se encuentra en el enunciado expreso del texto constitucional, debe reputarse como implícita dentro del marco de una pluralidad de normas que reconocen las libertades individuales y sociales. Sí podremos encontrarla en el Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de 2015, en el Título II que trata los contratos en general, en su artículo 958, que enuncia lo siguiente: “Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.

De esta forma, la libertad de contratación abarca tanto la libertad de contratar o no contratar, como también la de elegir a la persona con la cual deseo efectivamente llegar a un acuerdo, y a su vez, la libertad de autorregular el contenido de dicho contrato de la forma más conveniente a los intereses de cada parte.

Dentro de la segunda etapa de constitucionalismo, la llamada “social”, que surge luego de la Primera Guerra Mundial, se incorporan derechos sociales y económicos, ya que resulta insuficiente la mera declaración de los derechos para garantizar su efectivo goce y el pleno desarrollo de la persona humana si el Estado no adquiere un rol activo en la promoción global de los derechos del hombre, proporcionando las condiciones necesarias capaces de cubrir los condicionamientos económicos y sociales, y las nuevas necesidades insurgentes. Bien conocemos esto como “Estado de Bienestar”, en el cual, el Estado, dotado de poder soberano e independiente, comienza a estar mucho más presente en todos los sectores en los cuales se desarrolla la vida en sociedad.

La igualdad, reputada anteriormente como universal, pasa a tener un carácter de calificada, convirtiéndose en “igualdad de acuerdo a las mismas oportunidades”.

A su vez, por esta intervención estatal, empieza a atenuarse la fuerza obligatoria de los contratos como consecuencia necesaria de una revisión judicial, atenta a posibles términos abusivos.

La reforma de 1968, introducida por la ley 17.711, incorpora principios en materia de derecho privado destinada a encontrar respuestas más justas a los conflictos negociales frente a la tensión entre la realidad socioeconómica y las instituciones jurídicas, más aún bajo gobierno de facto.

Asimismo, la modificación del artículo 2513 del Código Civil de Vélez Sarsfield que regulaba el ejercicio del derecho real de dominio, con todas las facultades que le son inherentes, pero siempre partiendo de la regla que ordena su ejercicio funcional o regular, lo que descarta cualquier pretensión de que fuese un derecho absoluto, fue de gran importancia simbólica: el modelo de interpretación del contrato pasa a ser el “intervencionista-solidarista”, el cual se caracteriza por limitar a la autonomía privada en función de las reglas y valores sociales.

El legislador de 1968, Guillermo A. Borda, centró su modificación apoyado en parte por la doctrina jurídica y la jurisprudencia, en una revisión de los contratos teniendo en cuenta abusos del derecho, lesiones, la teoría de la imprevisión, la preservación del equilibrio sinalagmático y la equidad y el principio de buena fe, reconociendo la brecha social, económica y hasta cultural que puede existir entre los sujetos.

Finalmente, luego de la reforma de 1994, surge la tercera etapa denominada “nuevo constitucionalismo”, producto de la fuerte aceleración de los tiempos, con grandes transformaciones en lo social y económico, en el cual aparece la amenaza colectiva de los derechos que, a su vez, incorporaría dentro de un contexto de “universalización” o “supranacionalización”, derechos humanos, derechos para el desarrollo sustentable de las personas y del medioambiente, y una respuesta ante la debilidad estructural del consumidor, entre otros.

Se destacan como derechos de “tercera generación” los políticos (arts. 36 a 40), aquellos de los consumidores y usuarios de salud, seguridad (art. 42) y las garantías del amparo contra actos de autoridad pública o de particulares (art. 43).

El artículo 42 garantiza el derecho a:

  • la protección de su salud, seguridad e intereses económicos
  • una información adecuada y veraz
  • la libertad de elección; y,
  • condiciones de trato equitativo y digno.

 En esta sintonía, el contrato deja de ser un asunto entre particulares, sino que se transforma en una institución social, trascendente de los intereses de los intervinientes, y donde el Estado mismo se atribuye el control de los contratos conforme su importancia social.

De esta manera, el contrato de consumo importa, ciertamente, una restricción a la libertad de autorregulación en determinados aspectos como, a modo de ejemplo, la imposición del contenido mínimo al contrato y el establecimiento de deberes de comportamiento, entre otros.

Asimismo, se produce una ruptura con el carácter absoluto del “efecto relativo” ya que se imponen responsabilidades y obligaciones a integrantes de la cadena de comercialización, sin ser éstos partes intervinientes del contrato pero que se encuentren lo mismo expuestos a la relación de consumo.

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Rusia bloqueó a LinkedIn, ¿por qué?

Por Micaela Delfino

Gracias a las enmiendas a la ley 152-FZ incorporadas por la Duma desde el 2015, a la hora de recolectar datos personales de ciudadanos rusos, las compañías que deseen operar en Rusia deben asegurar que la información sea grabada, guardada, sistematizada, acumulada y corregida (actualizada, cambiada), utilizando bases de datos localizadas en el territorio de la Federación Rusa. No se podrán guardar datos personales fuera del territorio ruso si fuesen estos la única copia existente, pero la ley no hace mención a la prohibición de una copia de seguridad como back-up en el exterior, aunque esto podría cambiar en el futuro.

Para limitar el acceso a los sitios web que infrinjan la ley, se preparó un registro que será mantenido por el regulador ruso Roskomnadzor y contendrá nombres de todos los dominios que incumplan con las nuevas regulaciones. Las denuncias podrán llegar de parte de los usuarios o mismo el Roskomnadzor podrá iniciarlas de oficio, y si, luego de tres días de la notificación al sitio web, el incumplimiento persistiese, el acceso a la página será bloqueado.

Google, que contaba con una oficina representativa en el país, completó satisfactoriamente la transferencia de datos antes de que fuesen introducidas las nuevas regulaciones.

Sin embargo, LinkedIn no tenía representación en Rusia y decidió no transferir los datos personales recolectados que les eran requeridos a servidores rusos y siguió funcionando con sus centrales de información en los Estados Unidos hasta que recientemente su sitio web fue bloqueado por incumplimiento de la ley.

En su defensa, representantes de LinkedIn argumentaron que la ley vulnera los principios de extraterritorialidad ya que la compañía estadounidense no posee un representante en el país y, a su vez, los ciudadanos rusos proveen sus datos personales de manera voluntaria.

Vadim Ampelonsky, vocero del Roskomnadzor, declaró que el regulador está arreglando las logísticas de la reunión que el portavoz de LinkedIn pidió tener para debatir sobre la solicitud acerca de la localización de datos.

 

La circulación de los trabajadores desde la perspectiva de los Derechos Humanos en la Unión Europea

Por Micaela Delfino

Introducción

En este ensayo analizaré la relación entre la libre circulación de los trabajadores ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y los diferentes derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que trata este tema, y cómo inciden estos tópicos con la salida del Reino Unido de la Unión.

Desarrollo

Los ciudadanos de la Unión Europea disfrutan de cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores, libre circulación de servicios y, por último, la libre circulación de capitales.

Aunque no hay una definición fija establecida como criterio uniforme para distinguir a los trabajadores en la Unión Europea, se podría decir que trabajador es toda persona real y efectiva que ejerce una actividad económica por un cierto tiempo y percibe una remuneración o contraprestación.

El caso “Levin” de 1982 es uno de los primeros que trató de manera específica la noción de trabajador. En él, el Tribunal explica los conceptos de “trabajador” y de “actividad remunerada”, definiéndolos como libertades fundamentales que no deben ser interpretadas de manera restrictiva. La reglamentación sobre la libre circulación de los trabajadores concierne también a las personas que ejercen o quisieran ejercer una actividad remunerada a medio tiempo. Las reglas relativas a la libre circulación de los trabajadores no cubren más que el ejercicio de las actividades reales y efectivas.

Sin embargo, hubo que esperar hasta 1986, en el cual se decidió el caso “Lawrie Blum” que va a determinar precisamente la noción de trabajador reuniendo tres criterios. La característica esencial del concepto de relación de trabajo es la circunstancia en la cual una persona cumple, durante un cierto período de tiempo, a favor de otra y sobre su dirección, prestaciones a cambio de una remuneración. En conclusión, para adquirir el status de “trabajador”, serán necesarios los siguientes elementos: una prestación de trabajo, una remuneración y un vínculo de subordinación.

Dentro de la libre circulación de los trabajadores incluimos:

  • el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador;
  • el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia;
  • el derecho a trabajar en otro Estado miembro y recibir el mismo trato que los nacionales de dicho país.

La libre circulación de los trabajadores, principio fundador y pilar de la UE actual, se encuentra plasmada en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) y está, a su vez, desarrollada en el Derecho Institucional Comunitario y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión.

En cuanto a esto refiere, los ciudadanos de la UE tienen derecho a:

  • buscar empleo en otro país de la UE
  • trabajar en otro país sin necesidad de permiso de trabajo
  • residir en otro país por motivos de trabajo
  • permanecer en el mismo cuando hayan dejado de trabajar
  • recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país en lo que respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas sociales y fiscales.

Los ciudadanos de la UE también pueden transferir al país al que han ido a buscar empleo algunos elementos de su cobertura sanitaria y de seguridad social.

¿Quiénes pueden ejercer esta libertad?

  • los ciudadanos de la UE que trabajan en otro país de la UE
  • los ciudadanos de la UE que vuelven a su país de origen después de haber trabajado en el extranjero, y los familiares de todos estos ciudadanos.
  • los demandantes de empleo (es decir, los ciudadanos de la UE que se trasladan a otro país de la UE en busca de trabajo, bajo determinadas condiciones)

Asimismo, la libre circulación de trabajadores se aplica, de manera general, a Islandia, Liechtenstein y Noruega, países del Espacio Económico Europeo.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es uno de los cuatro instrumentos que configuran la constitución material de la UE. En su Título IV trata la “Libre circulación de personas, servicios y capitales”, dedicando su capítulo I a los “Trabajadores”, en el cual hallamos el artículo 45, artículo clave en la materia, que dicta lo siguiente:

  • Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión.
  • La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
  • Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:
  • de responder a ofertas efectivas de trabajo;
  • de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;
  • de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;
  • de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.
  • Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública.

Es importante remarcar que no solamente los que ya han conseguido trabajo pueden ejercer esta libertad, sino también quien desea encontrar trabajo en un Estado miembro distinto al de su origen.

Particularmente, un leading case en este aspecto fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 26 de febrero de 1991 en la causa “Antonissen”, que destaca que la libre circulación de los trabajadores está ligada también a la búsqueda de empleo. Sin embargo, este caso remarca que, si bien los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE pueden buscar trabajo en cualquier otro Estado miembro, que se establezca un período o un permiso de residencia que se limite a seis meses, no será este plazo considerado como contrario al Derecho Comunitario.

La Directiva 2004/38/CE introduce a la ciudadanía de la Unión como condición fundamental de los ciudadanos de los Estados miembro a la hora de ejercer sus derechos de libre circulación y residencia en el territorio de la UE. A su vez, esta directiva modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 en lo que se refiere a la reagrupación familiar y amplía la definición de “miembro de la familia”, que estaba anteriormente limitada al cónyuge, los descendientes menores de veintiún años, los hijos dependientes y a los ascendientes a su cargo, para también incluir a la pareja registrada, si la legislación del Estado miembro de recepción equiparase la unión registrada al matrimonio. Con lo cual, queda establecido que independientemente de su nacionalidad, estos miembros de la familia tienen derecho a residir en el mismo país que su familiar trabajador.

En el caso “State of the Netherlands v. Ann Florence Reed, C-59/85”, se discuten los derechos de residencia de la pareja de hecho. El concepto de “cónyuge” en el artículo 10 del Reglamento nº 1612/68 se refiere exclusivamente a una relación matrimonial, y como consecuencia, una pareja de hecho no tendría derecho de residencia basado en dicho Reglamento.

El Tribunal de Justicia declaró que el derecho a ser acompañado por una pareja no marital es una ventaja social y se rige por el principio de la no-discriminación. De ello se desprende que un Estado miembro no puede conceder una ventaja a sus propios nacionales y negar a su vez a otros trabajadores de la UE en función de su nacionalidad.

En un reciente caso del mes pasado, “María Elena Pérez López c/Servicio Madrileño de Salud”, el TJUE sancionó a España por infringir la normativa comunitaria sobre contratación temporal, dado a que el Reino poseía una norma que permitía la utilización de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables en el sector de los servicios de salud, lo cual es contrario al Derecho Institucional Comunitario de la Unión Europea, y a los espíritus de la Unión de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, dictaminó que el uso de tales nombramientos sólo podría justificarse para atender a necesidades temporales y declaró que la norma española, al admitir esta posibilidad de contratación —a pesar del déficit estructural de puestos de personal fijo— viola el acuerdo marco.

El caso en cuestión trataba sobre la enfermera Pérez López, quien trabajó en el Hospital Universitario de Madrid entre febrero de 2009 y junio de 2013 con un nombramiento temporal renovado en siete ocasiones. La enfermera, entiende la Corte, trabajó ininterrumpidamente durante todo ese período y los sucesivos nombramientos de la afectada no parecen responder a “meras necesidades temporales del empleador”.

Dentro del Acuerdo marco que debió haberse incorporado al sistema legal español, encontramos que en sus consideraciones generales, se establece que:

  • los contratos de trabajo de duración indefinida son la forma más común de relación laboral, y que, además, contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento;
  • la utilización de contratos de trabajo de duración determinada basados en razones objetivas es una forma de evitar abusos; y
  • los contratos de duración determinada son característicos del empleo en algunos sectores, ocupaciones y actividades y que pueden convenir tanto a los empresarios como a los trabajadores.

A su vez, el apartado “Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva” del Acuerdo marco dispone que “a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:

  1. a)      razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;
  2. b)     la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;
  3. c)      el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es un documento en el cual se agrupan en treinta artículos los derechos humanos considerados básicos para la totalidad de la población mundial.

En su artículo 22, señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”

Sin embargo, alentando a la contratación temporaria, se estaría atacando a la seguridad social de la actora, su estabilidad laboral, y se vería injustamente beneficiado el empleador a costa de ella.

La DUDH en su artículo 1, establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y, en su artículo 7, que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

Un artículo clave con respecto a la discriminación es el artículo 2, el cual declara lo siguiente:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”

El Convenio 111 sobre la Discriminación (1958) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la discriminación laboral como: “Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Relacionando estos principios fundamentales con la libertad de circulación de los trabajadores, en el caso “Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG v. Salvatore Ugliola”, la Corte confirmó que la libre circulación de los trabajadores requiere la abolición de cualquier discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores de los Estados miembro, lo cual ataña al empleo, la remuneración y demás condiciones de trabajo. Por lo tanto, una ley nacional que protege a los trabajadores de consecuencias desfavorables derivadas de la ausencia de obligaciones para el servicio militar se deberá aplicar también a los nacionales de los demás Estados miembros, empleados en el territorio del Estado de recibimiento, que estén sujetos al servicio militar en su país de origen.

En el caso “Commission v. The Netherlands”, la Corte confirmó que los nacionales de los Estados miembros tienen derecho a entrar en el territorio de otros Estados miembros en el ejercicio de las diversas libertades reconocidas por el Tratado y, en particular, la libre prestación de servicios, que es disfrutado por tanto a los proveedores y los receptores de servicios.

El Tribunal sostuvo que el establecimiento de condiciones de entrada diferentes de la producción de un pasaporte o documento de identidad era incompatibles con el Derecho Institucional de la Unión.

El artículo 23 de la DUDH establece específicamente con respecto al trabajo los siguientes principios:

  • Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
  • Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
  • Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
  • Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Actualmente, con la futura salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la libre circulación de las personas podría estar en peligro. Tanto los ciudadanos de Estados miembros de la Unión viviendo y trabajando en Gran Bretaña y viceversa, se están viendo amenazados en sus derechos laborales y de libre circulación, e incluso de discriminación en las leyes británicas, que si bien cumplen hoy en día con las normas de las UE, éstas podrían ser modificadas por el Parlamento en el futuro.

Después del referéndum realizado en el Reino Unido en junio de este año, muchos ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión sufrieron discriminaciones. Notoriamente, muchos polacos ya antes del referéndum tenían miedo que su resultado desencadenara un aumento en la intolerancia, discriminación y racismo, pero no esperaban que se manifestara tan agresivamente tan rápido.

Conclusión

Los trabajadores y sus derechos se encuentran plasmados en varios documentos internacionales y documentos del Derecho Institucional Comunitario de la UE como también en varios casos del Tribunal de Justicia de la UE.

La libre circulación debe ser reconocida indiferentemente a los trabajadores permanentes, de temporada, fronterizos o aquellos que ejercen su actividad cuando surge una prestación de servicios[1], pero sin embargo, es necesario que sigamos teniendo presentes los derechos humanos de los trabajadores y de sus familiares, dado que todavía, después de muchos años de la vigencia de la DUDH y del TFUE, se siguen encontrando casos en los cuales vemos derechos vulnerados, pero “contra la corriente avasalladora de los trabajadores de todo el mundo, nada podrán los gobernantes.” Andreu Nin

[1] SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 18 de julio de 2007.

Bibliografía

The Judicial Branch in the U.S.

By Micaela Delfino

As Yale Law Professor Akhil Reed Amar most accurately points out, American history is key to understanding the Constitution, and in this case, the Constitution is a reflection of the American Revolution.

Congress will have the power to tax and regulate, it is going to be much more representative than the Congress in the Articles of Confederation, because that was the goal of the Revolution: no taxation without representation. The Executive Branch, who will have no ruling king but instead a presidency that has some virtues of the English monarchy, like its stability in foreign affairs, a strong military leadership and national security but with democratic elections, impeachment and checks and balances.

Section I, Article III of the Constitution, establishes that the judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish and it shall extend to all classes, in law and equity. The trial of all crimes, except in case of impeachment, shall be by jury, and such trial shall be held in the state where said crime has been committed, but when not committed within any state, the trial shall be at such place or places as the Congress may by law have directed. The article continues to guarantee that every person accused of wrongdoing will have the right to a fair trial before a competent judge and a jury of one’s peers.

However, the Judicial -that started out as the last branch-, has gained power over time for one simple, yet quite complicated reason: politics.  Presidents and Congress sought from inception justices that would enforce a political order or point of view. One prominent example, Professor Amar mentions the pro-slavery nature of the Constitution, and the manner in which southern states exercised political power to protect slavery.

The power of this branch grew over time as individuals such as Marshall and Hamilton interpreted the power of the Judicial Branch to review the constitutionality of the laws made by Congress. History shows that initially the Judicial branch begun with questionable power in comparison to the other branches but in time its power grew to insure the democracy, national security, and pro-slavery tendencies of the early government.

Times have changed since the American Revolution and so has the distribution of power between the three branches, which had to metamorphose to adapt to these modern times. And it had to do so because if not, the system of checks and balances might have been unbalanced. Following that scenario, the first two branches -often the Executive, as it was for Argentina’s 12-year-experience-, would be able to behave unconstitutionally with no opposing power to control or stop them, as we can observe in numerous other nations around the globe.

Nonetheless, the question remains, “Should the judges have this increasing power?” and the answer has to do with accountability. Every branch of government can be more or less held accountable for what it does, but is the Judicial branch under the same accountability as the Legislative and the Executive branch?

Democracy and national security in the U.S. Constitution

By Micaela Delfino

As opposed to other democratic texts of its time, the Framers of the Constitution made sure that the People of the United States were in charge of the Nation, that the People were the source of authority, whilst forming a more perfect Union, establishing Justice, insuring domestic Tranquility, providing for common defense, promoting the general Welfare and securing the benefits of Liberty to themselves and their Posterity, setting up a Supreme Law that would ensure these rights to all: these were the intentions of the Framers. Moreover, Yale law Professor Akhil Reed Amar emphasizes that the American Constitution is not only a text but a deed, a doing, “a constituting, an act of ordainment and establishment” because no one had seen before thirteen previously independent states forming this kind of indivisible union, making it the world’s largest corporate merger. Never before had this large number of citizens been privileged with the guarantee of freedom, both corporal and of speech, and of choosing the defense they wanted and needed to keep and perfect this Union.

The Constitution’s text and structure indicate that the Framers were concerned with national security, as it is one of the things that first appears, in the Preamble, by the ideals of “insuring domestic Tranquility” and “providing for common defence”. Additionally, to prevent a concentration of power that could eventually endanger the Nation’s security, the Framers divided the central government into three branches and created a system of checks and balances in which each of the three branches —legislative, executive and judicial— “checks” one another to make sure that the governmental powers are not concentrated in the hands of one (any) single branch.

There is a clear link between national security and democracy. For example, in a military context, women couldn’t bear arms, and so they didn’t vote at the founding, but this was quite common. Women didn’t vote in Athens, pre-Imperial Rome or Britain. However, this was not the case with some unpropertied people in the early United States. If certain people didn’t own any property but still they had fought for the American Revolution at the time, they got a vote on the American Constitution because of their loyalty to the Nation.

Article I, Section 8, outlines the powers of Congress, the “first branch” of the government, that are directly related to national security concerns: raising armies, declaring war, providing for a navy, establishing the rules for the American military, and if necessary, converting militias of the states into national service.

Article IV, Section 4, establishes that “the United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened), against domestic Violence”. This section regarding national security insures a guarantee to the People and to every State that, should it be held and accomplished, democracy would reign and these concepts, democracy and national security, would be tied up, fit together and would be compatible.

Abraham Lincoln, I believe, explains the equal importance of the union of the democracy with the national security by stating that “a house divided against itself cannot stand”. To succeed, the United States of America needs both national security and a democratic form of government that insures everything the Constitution stands for.

How does the nature of each party’s coalition explain the positions that each party’s lawmakers take on policy issues?

By Micaela Delfino

Coalitions, with the ideal to form a more perfect Union, often share the same interests, as it was since the 1930s organized labor for the Democratic Party coalition. The Democratic Party has promoted a center-left, social-liberal platform that supports social justice and a mixed economy. However, the Republican coalition (usually, like most parties within two-party systems, divided on social and political-economic ideology) goes around American conservatism such as respect for American traditions, the rule of law, Judeo-Christian values, anti-Communism, defense of Western civilization from the so-called threats posed by moral relativism, multiculturalism and post-modern ridicule of traditional culture.

Fiscal conservatives call for a large reduction in government spending while democrats support a more progressive tax structure to provide more services and reduce economic inequality, with the wealthiest of the people paying the highest amount in taxes.

Social conservatives are those who support traditional values and are usually opposed to homosexuality and abortion. Instead, democrats tend to be more tolerant of these topics because they may disagree with biblical literalism or they prioritize social justice and other issues over social ones.

Compared to conservatives, democrats generally have advocated fair trade and a less militaristic foreign policy and have been keener in pushing for civil liberties.

What is the major strength of the Congress, the presidency, the bureaucracy and the Supreme Court?

By Micaela Delfino

Personally, I think the major strength of the Congress, which was established as the “first branch” of government, is the opportunity each state or district has of being represented. This surely marked a great difference between the democratic and the monarchy form of government, where the sovereignty is actually or nominally embodied in one or various individual(s) reigning until death or abdication. Congress, instead, represents U.S. citizens and has the power to make the Nation’s laws, declare war, raise and provide public money and oversee its proper expenditure, impeach and try federal officers, approve presidential appointments, approve treaties negotiated by the executive branch, among other faculties.[1]

The President, directly or indirectly chosen the People, holds the executive power[2] and has the ability to get his/her policy initiatives enacted into law as long as Congress is willing to respond favorably. However, there is an exception to this process: executive orders. The executive orders are issued by the President through his/hers constitutional authority as chief executive. This, I believe, could be beneficial to the nation in some cases where the President, democratically elected, wants to pass a certain policy avoiding public debate and opposition.

The federal bureaucracy protects the environment, collects revenue to regulate the economy, promotes and protects their programs and have the resources needed to succeed. In spite of not having a constitutional authority of its own, It operates with a significant amount of autonomy implementing policy decisions.

Lastly, the Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution. Article III of the Supreme Law establishes the federal judiciary and defines its authority as it states the Supreme Court holds the judicial power of the U.S. and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. It is most praised by its status as an independent and co-equal branch of the government, as the Nation’s system often leads to constitutional disputes.

[1] The U.S. Constitution, Article I.

[2] The U.S. Constitution, Article II.