Supremacía Constitucional Argentina

Por Micaela Delfino*

  1. Introducción

El artículo 31 de la Constitución establece un orden de prelación, afirmando que “(la Constitución Nacional), las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales (…)”.

La Constitución, entonces, es la norma fundante de nuestro sistema jurídico. Teniendo en mente el sistema kelseniano, el orden jurídico podría llegar a graficarse como un escalonamiento jerárquico de normas, cuyo vértice sería la Constitución Nacional. Por consecuencia, la supremacía constitucional es la doctrina según la cual las normas de la Carta Magna prevalecen sobre las demás.

Según Bidart Campos, la supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución Nacional. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto que llamamos “inconstitucionalidad”.[1]

Para que se pueda defender la supremacía de la Constitución Nacional es menester que exista y funcione un sistema de control. El control constitucional sirve de garantía para declarar que aquellas normas y aquellos actos violatorios de la Constitución se considerarán inconstitucionales. Dentro de las materias sujetas a control, hallamos:

  1. Las constituciones provinciales y el estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
  2. Las leyes;
  3. Los tratados internacionales que no tengan jerarquía constitucional;
  4. Los derechos, reglamentos y actos administrativos de contenido general;
  5. Los actos políticos y de gobierno;
  6. Los actos administrativos individuales;
  7. Las sentencias;
  8. La actividad de los particulares; y, por último,
  9. La reforma de la Constitución[2]

Tal como enuncia Salvadores de Arzuaga, “en el Poder Judicial de la Nación, en especial en la Corte Suprema de Justicia, recae el control de constitucionalidad, que es un acto de gobierno, fruto del poder político que le ha otorgado la Constitución, fundado en el mantenimiento del orden constitucional y con motivaciones jurídicas, por consiguiente sin la discrecionalidad que tiene el Legislativo y el Ejecutivo cuyas motivaciones son sustancialmente políticas.”[3]

El control judicial de constitucionalidad, según el jurista Néstor Sagüés, tiene las siguientes características: es difuso, permanente, reparador. Dada su amplitud, puede ser articulado por las partes interesadas en un proceso, por un denunciante en la acción de hábeas corpus o bien por acción popular en el amparo ambiental, como también por oficio de los jueces, luego del caso “Mill de Pereyra”.

A su vez, el control de constitucionalidad tiene el poder de vigilar normas, actos y omisiones; es decisorio, aunque sea sometido a la jurisdicción supranacional, y puede tener efectos retroactivos y restitutivos.

Asimismo, cabe aclarar que –en términos de derecho comparado, difiere, por ejemplo, de la modalidad francesa– lo resuelto se ciñe al caso concreto, es decir, lo decidido en una causa se aplica sólo a ella, salvo los fallos de la Corte Suprema, quien “ha extendido el valor de su propia jurisprudencia, dándole efecto vinculante, aunque condicionado, configurando así una regla de derecho constitucional consuetudinario”[4].

En pocas palabras, la Constitución Nacional, junto con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Concordatos con la Santa Sede que gozan de jerarquía constitucional, son la ley suprema, que está colocada por encima de las leyes comunes. Todas las normas se subliman a sus principios, y la supremacía y subordinación hacen al correcto funcionamiento del Estado y el mantenimiento del orden legal y social elegido o impuesto.

La supremacía de la Carta Magna se liga con la distinción entre el poder constituyente que le da origen, y el poder constituido que, por serle infra-constitucional, no debe vulnerar a la Constitución y debe darle cumplimiento.

En primer lugar, observamos el bloque de constitucionalidad nacional, integrado por la Constitución Nacional (tanto su Parte Dogmática como la Orgánica), los Tratados Internacionales firmados por el Estado y los Concordatos con la Santa Sede que posean jerarquía constitucional, según lo establecido por el inciso 22 del artículo 75, luego de la reforma de 1994.

Al mismo tiempo, el mencionado artículo dispuso que se dará en las condiciones de vigencia del tratado, que éstos no derogaran artículo alguno de la primera parte de la Constitución y que deben entenderse complementarios de los derechos y las garantías en ella reconocidos.

En segundo lugar, aparece el bloque de derecho infra-constitucional, formado por los demás Tratados y Concordatos que no posean jerarquía constitucional, leyes, actos y normas federales.

La supremacía constitucional dentro de un Estado federal reviste un doble alcance: por un lado, la Constitución prevalece sobre todo el orden jurídico-político del Estado; y, por el otro, la Carta Magna en tanto federal, también prevalece sobre todo el derecho provincial o municipal, lo cual se verifica al leer el artículo 31 junto con el artículo 5 de la Constitución Nacional: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

En consonancia con estos artículos, el artículo 121 de la Constitución Nacional establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por la Carta Magna al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.”

Para describir las relaciones que tienen los países tanto los unos con los otros como así frente al Derecho Internacional, existen las teorías del monismo y el dualismo, las cuales explican cómo cada Estado incorpora y/o aplica el derecho y las prácticas internacionales con respecto a su derecho interno.

En un sistema monista, el Derecho Internacional se aplica directamente, de inmediato, ipso facto, sobre el ordenamiento jurídico. Sus relaciones son posibles gracias a un sistema único que se basa en la identidad de los sujetos de derecho y sus fuentes, sin necesidad de que las disposiciones de cualquier tratado sean incorporadas por el Estado a través de legislación nacional.

Sin embargo, en un sistema dualista, se considera que las disposiciones internas de un Estado son separadas de las internacionales. Por un lado, las disposiciones internas de un Estado se aplican exclusivamente entre las fronteras de ese Estado. Por el contrario, las disposiciones internacionales se aplican en el sistema jurídico internacional, ajeno al nacional. El derecho interno se origina por voluntad del propio Estado; en cambio, el Derecho Internacional, se basa en la voluntad común de varios Estados, entonces por esa razón debe introducirse la legislación internacional dentro de la nacional por medio de un acto legislativo del Estado, para que pueda ser aplicado por tribunales locales como derecho interno.

  1. Ejemplo e inspiración estadounidense

Nuestra Constitución Nacional se vio fuertemente inspirada por la Constitución de los Estados Unidos de América, cosa que podemos ver fácilmente en el Preámbulo y en varios artículos en lo que se refiere a la forma de gobierno republicana, representativa y federal.

En términos jurisprudenciales, el caso “Marbury v. Madison” es de los más emblemáticos y trascendentes del constitucionalismo moderno. En él, se analiza una de las posibles vías para garantizar o hacer efectiva la Constitución de los Estados Unidos: trata, a la vez, de un asunto de teoría general de la Constitución (la supremacía constitucional) y de teoría de derecho procesal constitucional (el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales).

“Marbury v. Madison” (1803) es un leading case, antecedente estadounidense de la doctrina de la supremacía y el control constitucional. En este caso, se puso en cuestión la validez constitucional de una cláusula de la ley sobre organización judicial, que facultaba a la Corte Suprema para expedir originariamente “mandamientos”, como el que pidió el juez de paz Marbury, contra el ministro Madison a fin de que este lo pusiera en posesión del cargo que le había sido otorgado antes del cambio de presidencia. La Corte denegó el pedido, declarando inconstitucional dicha cláusula, ya que la ley no puede ampliar los casos de jurisdicción originaria determinados por la Constitución (cuando un embajador o ministro es parte, o bien, un Estado de la Unión).

En el país, algunos autores consideran el caso “Sojo” como el “Marbury v. Madison” argentino, ya que se refiere a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.

  1. Jurisprudencia argentina

a) “Sojo”

El caso “Sojo”, de 1887, es suscitado tras el arresto de un individuo dispuesto por la Cámara de Diputados de la Nación. Contra tal resolución se interpuso, en jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso de hábeas corpus. El Tribunal, por mayoría, declaró su incompetencia para entender en la causa, entendiendo que la Corte Suprema no tiene jurisdicción originaria para conocer en recursos de hábeas corpus interpuestos por particulares -en el caso, incoado contra el mandamiento de prisión dispuesto por la Cámara de Diputados- salvo que el individuo arrestado fuera embajador, ministro o cónsul extranjero; o el arresto hubiese sido decretado por tribunal o juez de cuyos autos le correspondiese entender por apelación.

En la sentencia, los jueces analizan cómo “la Constitución argentina y la de Estados Unidos concuerdan en las disposiciones que fundan la jurisdicción de la Suprema Corte, y los fallos de la de los Estados Unidos, así como las opiniones de sus más reputados expositores están contestes en que no puede darse caso ni por ley del Congreso que altere la jurisdicción originaria de la Corte”.[5]

Asimismo, se consideró que no correspondía reconocer al mandamiento de prisión pedido por la Cámara de Diputados el carácter de tribunal a los fines de que la Suprema Corte entienda en el recurso de hábeas corpus interpuesto contra el mismo, ya que iría en contra de la independencia y separación de los poderes legislativo y judicial, y otros principios del orden constitucional.

b) “Mill de Pereyra”

En el previamente mencionado antecedente judicial, la Corte Suprema se aparta de la doctrina sentada en “Bonorino Peró” y admite —por primera vez en un voto mayoritario del más Alto Tribunal— la facultad de oficio que tienen los jueces para declarar, aún de oficio, la inconstitucionalidad de los actos constitucionales, si éstos vulnerasen el orden de prelación establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional.

En el caso se enfrentan jueces de la provincia de Corrientes, quienes demandaron a dicha provincia por la actualización de haberes frente al deterioro provocado por la inflación, invocando la intangibilidad constitucional de los mismos. El Superior Tribunal local declaró inconstitucional de oficio la ley 23.928 (“Convertibilidad del Austral”), en cuanto prohibía todo mecanismo de indexación con posterioridad a abril de 1991, e hizo lugar a la demanda. La Corte Suprema concedió parcialmente el recurso extraordinario, y consideró que los jueces podían ejercer de oficio el control de constitucionalidad. Sin embargo, revocó la declaración emitida por el inferior entendiendo que la norma no violaba garantía alguna.

El juez Boggiano al respecto de este asunto estimó que “si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano “iura novit curia” y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución.”[6]

En la misma sintonía, el jurista Julio Oyhanarte consideraba que “a los jueces les corresponde la misión específica de dirimir conflictos entre intereses privados, pero, además, dentro de nuestro sistema, cumplen la importantísima tarea de resguardar la supremacía de la Constitución, la subordinación de los actos administrativos a la ley, la razonabilidad de todas las decisiones estatales y la tutela de derechos públicos subjetivos”[7]

 

c) “Química Merck”

Durante la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que esta llegara a su fin, la República Argentina declaró formalmente la guerra a las potencias del Eje Berlín-Tokio. En ese entonces, el Poder Ejecutivo de facto dictó diversos decretos-leyes para vigilar, incautar y disponer de los bienes de la “propiedad enemiga” radicados en el país.

En el caso, una importante empresa química, de origen alemán, radicada en la Argentina, recurre a la Justicia por lo que entendía como una flagrante violación de la Constitución y los tratados a los que había adherido el país, principalmente el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio. Al obtener el fallo adverso de la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuso recurso extraordinario federal.

El Poder Ejecutivo dispuso por sí, excluyendo a la parte actora y a la vía legal o los procedimientos judiciales, la liquidación, a raíz del retiro de la personería jurídica, de los bienes que constituían el haber de la empresa, habiéndose establecido a controlarlos, primero, y ocuparlos luego, alegando que la sociedad propietaria se hallaba vinculada a países con los cuales Argentina estaba en guerra.

El fundamento legal que alega la actora son el artículo 17 y 18 de la Constitución Nacional, es decir, la inviolabilidad de la propiedad y el debido proceso, como también el artículo 27, el cual declara que el “Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.

En contraposición, el Estado se basó en el inciso 15 artículo 99 -la facultad que tiene el presidente a la hora de declarar la guerra y ordenar represalias con autorización del Congreso- y en el antiguo artículo 2512 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que permitía bajo urgencia de expropiación, disponer inmediatamente de la propiedad privada.

La Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia apelada, ya que, si bien el orden interno se regula normalmente por las disposiciones constitucionales y por lo tanto, se mantiene en estado de paz, ningún tratado podría oponerse si no estuviese en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución gracias al artículo 27. Por ello, en tanto se trate de mantener la paz o afianzar el comercio con las potencias extranjeras, la República se conduce dentro de las orientaciones de la teoría “dualista“, “pero cuando se penetra en el terreno de la guerra en causa propia —eventualidad no incluida y extraña a las reglas del art. 27— la cuestión se aparta de aquellos principios y coloca a la República en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el rigorismo de que puedan estar animados, y, si por la fuerza de las circunstancias cambiantes, ha suscripto tratados que puedan oponerse en ciertos puntos concernientes a la guerra con otros celebrados con anterioridad, los de última fecha han suspendido o denunciado implícitamente a los primeros.”[8]

d) “Ekmekdjian c/Sofovich”

En el caso “Ekmekdjian c/Sofovich”, con sentencia dictada en julio de 1992, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se exprime acerca de la disputa entre el derecho a réplica previsto en el art. 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Los hechos del fallo en cuestión comienzan a partir de los dichos de Dalmiro Sáenz sobre Jesús y la Virgen María en el programa televisivo de Gerardo Sofovich. Miguel Ekmekdjian, quien se consideró “profundamente lesionado en sus sentimientos religiosos” por los dichos poco felices de Sáenz, dedujo una acción de amparo dirigida al conductor del ciclo para que en el mismo programa leyera una carta documento que contestaba a sus agravios.

Ante la negativa del conductor del programa de leer su carta, el accionante inició un juicio de amparo fundado en el derecho de réplica basándose para ello en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en el 14 de la CADH, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

Rechazada la acción en la segunda instancia, el accionante dedujo recurso extraordinario cuya denegación motivó su presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta hizo lugar a la queja, declaró procedente el remedio federal y dejó sin efecto el pronunciamiento de grado.

La sentencia del fallo y su fundamento favorece y sostiene el monismo, en cuanto da por incorporado el tratado en cuestión a nuestro orden jurídico interno, luego de que se hayan cumplido las etapas necesarias para que esto suceda.

La Corte Suprema considera que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal y, por consecuente, es “ley suprema de la nación”, con lo cual, en otras palabras, no es necesario que para ingresar al derecho interno después de la ratificación internacional por el Poder Ejecutivo se dicte una ley desde el Poder Legislativo. En el caso previamente mencionado, el artículo controvertido, número 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual garantiza el derecho a réplica, es operativo, y no programático.

En el derecho internacional, rige el principio básico y general de su prelación sobre todo el derecho interno de los Estados y, aunque lo citado hace referencia a la supremacía y no a las fuentes, si nuestra constitución recepta como fuente al derecho internacional, también entonces, le debería, en teoría, conferir supremacía ante la Constitución.

A su vez, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados –que habla del derecho interno y la observancia de los tratados– impone a los órganos nacionales del país asegurar primacía a los tratados internacionales ante un conflicto con una norma interna contraria ya que hay un rango de prioridades en el orden jurídico argentino y llama en favor al artículo 31 de la Constitución Nacional.

Asimismo, la Corte considera que, “entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales”[9], pudiendo determinar las características mediante las cuales este derecho se ejercitará.

El Dr. Colautti consideró en su momento que a partir del precedente que representó este fallo, “se plantea a los tribunales una tarea de armonización, compleja y extensa”.[10]

e) “Cafés La Virginia”

La compañía “Cafés La Virginia”, en el año 1990, ingresa granos de café crudo de color verde originarios de Brasil. El Tribunal Fiscal de la Nación le exige por esta introducción de café un importe, y “Cafés La Virginia”, en concepto de gravamen con destino al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones (ley 23.101, promulgada a fines de 1984, creada con el objetivo de que se implementase el régimen de la ley de Promoción de Exportaciones y se cree dicho fondo), solicita la repetición de lo pagado por derechos de importación y la devolución de lo abonado.

La Cámara hace lugar al pedido de la compañía basándose en los derechos para la mercadería preexistentes en un acuerdo firmado tanto por Argentina como por Brasil, pero no hace lugar respecto del gravamen con destino al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones por cuanto el tributo había sido creado –dice la Cámara– por una ley formal de igual jerarquía que el Tratado de Montevideo del año 1980.

Ambas partes recurren entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por mayoría, ordena la devolución total a la parte actora.

Asimismo, la Corte considera que “la aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede un tratado -además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional- vulnera el principio de supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas”[11], velado por el art. 27 de la Convención de Viena.

Los tratados tienen que velarse y tenerse en cuenta en todo momento, y por eso, conecto como relacionados al caso estos artículos de la Convención de Viena, que pienso es importante analizarlos: en la sección primera se menciona la observancia de los tratados en los artículos 26 y 27, que tratan de, por un lado, que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, lo que se conoce en latín como “Pacta sunt servanda”, y por otro lado, del derecho interno y la observancia de los tratados que estipula que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, y que “esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”, el cual se refiere a la imposibilidad de un Estado para alegar vicio de consentimiento excepto violación manifiesta que afecte a una norma de fundamental importancia de su derecho interno.

f) “Arancibia Clavel”

En el caso “Arancibia Clavel”, el acusado formó parte de la Dirección de Inteligencia Nacional Exterior, dependiente del gobierno de facto chileno, desde marzo de 1974 a noviembre de 1978.

Aquella asociación ilícita contaba con al menos diez miembros y su finalidad consistía en la persecución de opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en Argentina. Arancibia Clavel tenía como función en Buenos Aires formar una red de informantes que aportaran datos sobre los perseguidos: su actividad consistía en secuestrar, someter en interrogatorios bajo tormentos, sustraer identificaciones para reutilizarlas previa falsificación, entre otras. Tenía en su poder documentos de identidad utilizados para dificultar la identificación de los asesinados; él utilizaba identidades falsas (se hacía llamar Luis Felipe Alemparte Diaz) y ocultaba sus actividades de inteligencia simulando ser empleado del Banco de Estado de Chile.

La Corte Suprema de Justicia, en 2004, trató el agravio de la querella sobre la imprescriptibilidad de las conductas atribuidas a Arancibia Clavel pese a que no había sido mantenido en el recurso extraordinario, porque entendía que la prescripción era una cuestión de orden público y que omitir su tratamiento podía comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano.

Asimismo, entendió que la “desaparición forzosa de personas” es un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos, a cuya protección se había comprometido el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de estos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra. Por lo tanto, consideró que la reciente ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas sólo consistía en la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad, vigente al momento de los hechos atribuidos a Arancibia Clavel[12].

La aplicación retroactiva de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, frente a una asociación ilícita que perseguía opositores políticos mediante homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos, no lesiona el principio “nulla poena sine lege“, ya que “tales delitos usualmente son practicados por agencias estatales operando fuera del control del derecho penal, por lo que no es razonable la pretensión de legitimar el poder genocida en virtud del paso del tiempo, máxime si se considera que aún antes de que comenzara a regir dicho tratado existía una costumbre internacional respecto de su imprescriptibilidad.”[13]

Para la mayoría de la Corte, la concepción tradicional del principio de legalidad debe ceder ante la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y en consecuencia la circunstancia de que el delito de asociación ilícita imputado a Arancibia Clavel se hallara prescripto conforme a las disposiciones del Código Penal no era un obstáculo porque el texto convencional sobre imprescriptibilidad de estos crímenes había sido aprobado por ley y recibido jerarquía constitucional: “sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del Derecho Internacional Público de origen consuetudinario. De esta manera no se fuerza la prohibición de retroactividad de la ley penal sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos”, y por eso, “era posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la Convención, también esta costumbre era materia común del Derecho Internacional con anterioridad a la incorporación de la Convención al Derecho interno.[14]

Concluyó la Corte que las prácticas analizadas en el caso revisten carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 210 del Código Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

  1. Conclusiones

Considero que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son muy interesantes para medir la evolución del país en cuanto respecta a la supremacía constitucional, como así también para utilizar nuestra jurisprudencia como herramienta de derecho comparado, siempre teniendo en cuenta los principios de la supremacía, pero a la vez abiertos a los cambios del derecho, traídos por las alteraciones dentro de la vida en sociedad, amparándonos en ius cogens, ya que aquellas normas de derecho imperativo no admiten ni exclusión ni alteración de su contenido, permanecen incólumes con el pasar de los años, protegiendo los intereses colectivos fundamentales del grupo social.

 

* Estudiante de último año de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Salvador y la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Referencias:

[1] BIDART CAMPOS, GERMÁN J., “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo I, Capítulo V, Ediar, Buenos Aires, 1996

[2] BIDART CAMPOS, GERMÁN J., “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo I, Capítulo V, Ediar, Buenos Aires, 1996

[3] SALVADORES DE ARZUAGA, CARLOS I., “Los controles institucionales en la Constitución Argentina (1953-1994)”, La Ley, Buenos Aires, 1999, p. 110.

[4] SAGÜÉS, NÉSTOR, “Manual de Derecho Constitucional” Buenos Aires: Astrea. 2014. p. 148.

[5] CSJN, “Sojo, Eduardo c/Cámara de Diputados de la Nación” (Fallos: 32:120)

[6] CSJN, “Mill de Pereyra, Rita A. y otros v. Provincia de Corrientes” (Fallos, 324:3219)

[7] OYHANARTE, JULIO, “Poder Político y Cambio Estructural”, Edición Paidós, Buenos Aires, 1969, p. 70

[8] CSJN, “Merck Química Argentina c/Nación Argentina” (Fallos, 211:162), considerando 21°

[9] CSJN, “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL, 1992-C-543), considerando 22°

[10] Conf. COLAUTTI, CARLOS E., “Los Tratados Internacionales y la reforma de la Constitución”, La Ley, 6 de octubre de 1994, en GELLI, M. ANGÉLICA, “Constitución de la Nación Argentina: Comentada y Concordada”, La Ley, Buenos Aires, 2008, Tomo II, p. 227.

[11] CSJN, “Cafés La Virginia S.A.” (Fallos, 317:1282), considerando 8°

[12] CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro” (Fallos, 327:3312), considerando 13° de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco

[13] CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro” (Fallos, 327:3312)

[14] CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro” (Fallos, 327:3312), voto citado considerandos 29° y 30°

 

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