Libertad de Expresión en la Argentina

Por Micaela Delfino*

  1. Introducción

El pensamiento es la actividad intelectual del hombre, que consiste en el ejercicio de la facultad del espíritu que le permite concebir, percibir, razonar, deducir o inferir conclusiones para llegar, de forma consciente o inconsciente, al conocimiento de un objeto determinado, fuere material o inmaterial. El ser humano necesita comunicar su pensamiento, y así como éste último es esencialmente libre, su exteriorización libre es una secuela inevitable.

Según Bidart Campos, “la libertad de expresión es una exteriorización de la libertad de pensamiento”. En concreto, “es el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etc., a través de cualquier medio: oralmente; mediante símbolos y gestos; en forma escrita; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, etcétera”.[1] Dicha libertad, entendida como complemento indispensable e inseparable de la libertad de pensamiento, se exterioriza a través de diversos medios y procedimientos empleados por el hombre, y es tal por garantizar la subsistencia de todos los demás derechos, naturales y positivos.

En el sistema demoliberal identificado con la separación y división del poder, el control de éste, sus checks & balances y la responsabilidad de los gobernantes, el valor de la libertad de expresión –en su origen emitido fundamentalmente por medio de la prensa escrita– se expande para su justificación y se funda en tres tipos de fundamentos: individual, social y político, en tanto constituye un derecho natural y sustantivo de la persona, facilita el descubrimiento de la verdad y favorece el debido proceso democrático, facilitando el debate de las cuestiones de interés público y las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste produzca su propio juicio, critique, modifique, elija su preferencia dentro de las opciones dadas o bien, cree nuevas, y al hacerlo, fortalezca y perfeccione el sistema.

La Constitución protege expresamente la libertad de prensa en los artículos 14 y 32. De acuerdo con el artículo 14, “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. En consonancia con lo mencionado previamente, el artículo 32 establece que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”

Tanto el artículo 14 como el artículo 32 de la Constitución Nacional impiden que las autoridades nacionales o provinciales apliquen la censura o limiten de cualquier manera la libertad de prensa después de la publicación, aunque, cabe aclarar, que dicho principio no significa impunidad frente a los delitos que pueden cometerse por medio de la prensa.

Asimismo, el articulado engloba también de manera indirecta a la libertad de expresión, ya que algunas formas de expresión que existen hoy en día no existían en el momento de la redacción de la norma fundamental, como la radio, la televisión o el Internet.

Dicha libertad comprende tanto el expresarse, el ser informado a través de la publicidad como el no expresarse: nadie puede ser obligado a revelar el credo, ideología o creencias propias. Se puede no revelar la fuente de información (además protegida por el habeas data), y mantener el secreto profesional (sacerdotes, médicos).

Remontándonos a las primeras bases del tema que nos ataña, la primera enmienda estadounidense de 1791 prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, o que impida la práctica libre de la misma, o que reduzca la libertad de expresión, o que vulnere la libertad de prensa, o que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

Hoy en día, podemos ver cómo han evolucionado las leyes conforme la evolución del hombre mismo y encontramos que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, en menor medida, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprenden, dentro de la libertad de pensamiento y expresión, las libertades de usar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a elección.

La CADH contempla al más amplio número de beneficiarios dentro de los que se incluyen el que publica, aquel que recibe lo publicado y quien busca esta información. Lo recién mencionado concuerda con la doble dimensión que la Corte Interamericana le asigna a este derecho que se vincula con la posibilidad de análisis de la libertad de expresión como derecho individual, en tanto el individuo no puede ser menoscabado o impedido arbitrariamente de expresar lo que desee, y como derecho colectivo, en el sentido de que todos tienen derecho a recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno.[2]

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que, al tener todo individuo el derecho a la libertad de opinión y de expresión, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, tiene la prerrogativa de investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas, por cualquier medio de expresión que desee.

El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra, tanto como toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

El artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre determina que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento, por cualquier medio.

El artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos anuncia que: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica el culto y la observancia.”

La ley 26.032, sobre servicios de Internet, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

En concreto, el jurista Néstor Sagüés dentro de la doctrina argentina actual del mencionado derecho constitucional, distingue: “el derecho de pensamiento (libertad de pensar) y el derecho de expresión (libertad de expresión), con sus múltiples especies: derecho de prensa (escrito, oral, televisiva o cinematográfica), libertad de cultos, libertad de expresión artística (p.ej., espectáculos) y política (manifiestaciones, mitines, derecho de petición, etc.)”.[3]

  1. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina

Dentro de la libertad de expresión, encontramos la convencional libertad de prensa, cuya existencia es condición necesaria de un gobierno libre, y la prensa independiente configura uno de los principales indicadores para medir cuán democrática es una sociedad, cuán republicana es la organización y el ejercicio de su poder político y social.

a) Censura previa

Al referirnos a los alcances de la prohibición de censura previa, debe destacarse la sentencia “Verbitsky”[4], por la que se dejó sin efecto la prohibición judicial de publicar una solicitada en la que se expresaba solidaridad con los jefes de la última dictadura cívico-militar argentina, dejando a salvo el derecho de los afectados para obtener responsabilidades subsiguientes a la publicación.

El político, jurista y literato Joaquín V. González delineaba que “el gobierno argentino desde 1811, reconoció expresamente la libertad de imprenta y la Constitución asegura la absoluta libertad de emitir ideas, pero no la impunidad de las ofensas en la moral, el orden público y los derechos de un tercero”[5]

Respecto del caso en cuestión, la Corte resolvió que el carácter absoluto de la libertad de prensa impide vetar una publicación, aunque fuera a cometer un delito, ya que la prohibición de la censura previa se refiere tanto a la revisión como al control del material a publicar, y sólo es posible actuar ex post sobre la responsabilidad emergente de la publicación.

Alexis de Tocqueville, politólogo y diplomático francés, reflexiona que la soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, pues, dos cosas enteramente correlativas: la censura y el voto universal son, por el contrario, dos cosas que se contradicen y no pueden encontrarse largo tiempo en las instituciones políticas de un mismo pueblo.[6]

Asimismo, no sólo podemos encontrar una posible censura dentro de la prensa escrita, sino que también podemos hallarla dentro del ámbito de otros medios de comunicación masiva, y no por tratarse de algo diferente a la prensa convencional debería ser menos severa.

Un polémico caso al respecto es “Servini de Cubría”[7], en el cual dicha jueza promovió una acción de amparo por medio de la cual solicitó una medida cautelar para que se impidiese la proyección de un tape en el programa humorístico de televisión de Tato Bores, por resultar ofensivo a su persona, expresando que en las emisiones del mencionado programa ya había sido difamada, razón por la cual decidió iniciar una querella criminal por los delitos de injuria y desacato.

En cuanto a la prohibición de censura previa, en base a su carácter de garantía constitucional, la Corte Suprema le otorgó una posición relevante, aunque no absoluta, al enunciar que “es evidente la estrecha relación que existe entre los medios de comunicación y el concreto ejercicio de la libertad de expresión, pues ésta resultaría una mera declaración teórica sin los instrumentos que permitieran publicar las ideas, brindar información o acceder a su conocimiento. Bastaría una simple restricción a la actividad de tales medios, para coartar el pleno ejercicio de esa libertad. Es por aquella razón que, dado que los medios de comunicación constituyen el ámbito natural para la realización de los actos amparados por la libertad de expresión y que a ese contenido dedican primordialmente su actividad, toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad”[8], y es por ello que cabía averiguar si en el caso concreto existían razones como para superar tal presunción, y exceptuar, entonces, el principio frente al cual el ejercicio del derecho a publicar ideas sin censura no admite restricción alguna.

El derecho a la libertad de prensa no sólo comprende la prohibición de censura previa, tal como lo explicita el artículo 14 sino que, a su vez, protege al editor por entender que puede servir mejor a la función misma de la prensa libre, como un vehículo de información y de opinión de la sociedad, al difundir una publicación que reviste carácter de interés público, y es por ello también que se ven exceptuados de la exigencia de ciertas condiciones tales como la fianza o la represión al editor luego de ser encontrado responsable erróneamente, entre otras.

b) Derecho de informar y derecho a la intimidad

El derecho a la intimidad puede entrar en conflicto con el de prensa, con el derecho a informar, y es el criterio de la Corte que el primero prevalezca. Su principio se desprende del de privacidad, protegido por el artículo 19 de la Constitución.

Los derechos a expresarse, informar y recibir información constituyen libertades preferidas en los sistemas democráticos –pues ayudan a mejorar las instituciones, por el control que ejercen sobre la actividad gubernamental– las autoridades circunstanciales o las personas con actividad pública son las más expuestas por la difusión de aspectos de su vida que desearían mantener fuera del alcance del público.

El derecho a la intimidad ampara –como bien lo señaló Petracchi en cita de Cooley– “el derecho a ser dejado a solas [pues] la incolumidad del principio de determinación autónoma de la conciencia requiere que la persona sea dejada a solas por el Estado –no por la religión ni la filosofía– cuando toma las decisiones fundamentales de la vida”, o cuando se enfrenta a ellas.[9]

Con el resguardo de la intimidad se protege de la mirada de terceros un área personal vedada a los demás, al poder público o a los particulares, que se ve plasmado en el fallo “Ponzetti de Balbín”. La causa se origina en la demanda por daños y perjuicios promovida por la esposa del hijo del Dr. Ricardo Balbín fallecido en 1981, contra la Editorial Atlántida, debido a la publicación de una fotografía del doctor Balbín como tapa de revista cuando se encontraba internado en la ICU de una clínica en La Plata, la que ampliada con otras en el interior de la revista, provocó el sufrimiento y mortificación de la familia Balbín y la desaprobación de esa violación a la intimidad por parte de autoridades nacionales, provinciales, municipales, eclesiásticas y científicas.

En el caso, la libertad de expresión, garantizada por los artículos mencionados, incluye y contiene el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general.

En conclusión, el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, y los personajes célebres, personajes populares u hombres públicos prominentes cuya vida tiene carácter público tienen, como todo habitante, el amparo constitucional para su vida privada e intimidad, y este amparo debe prevalecer sobre el derecho social a la información, tal como se expresa en el fallo, al expresar que en el régimen republicano, la libertad de expresión—comprensiva de la información— obliga a particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio.[10]

c) Doctrina de la Real Malicia: informaciones erróneas y falsas.

En este último caso analizado, se reconoce la veracidad de lo publicado por la prensa; sin embargo, muchas veces ocurre que a través de la prensa se da una información falsa o inexacta sobre determinadas personas, produciéndose un conflicto entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la dignidad y el honor que se encuentra en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En base a este tópico, surgieron las doctrinas Campillay y de la Real Malicia.

En el caso “Campillay”, la Cámara hizo lugar a la demanda por indemnización de daños causados al actor a raíz de una publicación periodística que lo involucraba erróneamente en un hecho policial. Contra esa decisión, se dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria dio lugar a la queja. Finalmente, la Corte Suprema, por mayoría, confirmó el fallo.

En el considerando 6° del caso, se establece que “el honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias cometidas por medio de la prensa, toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aun del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones, no puede quedar exento de la responsabilidad civil emergente de tales actos.”[11]

La doctrina Campillay, forjada por la Corte Suprema, establece que el emisor de una información u opinión inexacta, e incluso ajustada a la realidad si es agraviante, queda exento de responsabilidad civil y penal si su conducta se adecua a alguna de las siguientes variantes:

  • Si formula la expresión atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente. Dicha fuente debe ser individualizada con claridad y precisión, siendo insuficiente una referencia genérica. Asimismo, el emisor debe acreditar la existencia de la fuente invocada;
  • Si se utiliza un tiempo de verbo potencial y no asertivo;
  • Si se deja en reserva la intimidad de los agraviados por la nota periodística: no deben publicarse sus nombres o cualquier otro dato que permita su individualización.

La doctrina de la real malicia, originada por la Corte Suprema de los Estados Unidos[12], establece que cuando se trata de funcionarios públicos o personas públicas que se sientan afectados a través de la prensa y reclaman civil o penalmente, esas personas deben probar que la publicación o la crónica fue realizada con “real malicia”, es decir, con conocimiento de que lo que difundía era falso, o con desinterés temerario por averiguar si la información era falsa o no.

Su principal virtud reside, tal como señala el jurista argentino Gregorio Badeni, “en establecer criterios objetivos para juzgar la responsabilidad jurídica con motivo del ejercicio de la libertad de prensa, distinguiendo las diversas connotaciones que ella presenta según se ejerza en una dimensión individual o estratégica”.[13]

Quien supo advocar los beneficios que presentaba la doctrina de la real malicia en el país fue José M. Sáenz Valiente, abogado y defensor de la prensa libre, que tenía como objetivo preservar en la práctica el carácter que tiene la libertad de prensa en un sistema democrático constitucional.

Remontándonos a las primeras bases del tema que nos ataña, la primera enmienda estadounidense de 1791 prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, o que impida la práctica libre de la misma, o que reduzca la libertad de expresión, o que vulnere la libertad de prensa, o que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

Sin embargo, como hemos visto, que no medie censura previa no significa que no puedan surgir consecuencias tras la publicación de informaciones erróneas o falsas.

Dentro de la jurisprudencia argentina se destacan los casos “Pérez” y “Morales Solá”.

En el caso “Pérez”, de 1963, el demandado es condenado por la Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca a la pena de multa de $1000 y al pago de $15000, como autor del delito previsto en el artículo 10 del Código Penal, en razón de haber dirigido una carta al luego querellante, que se juzgó injuriosa. La carta –abierta y firmada por Pérez– estaba referida a actividades políticas de este último, confrontadas con su actuación en un juicio como representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y fue publicada en el periódico “Avanzada” de la localidad. La Cámara considera aplicables los artículos alegados del Código Penal, y admite la responsabilidad penal del director del periódico, por haber éste permitido la publicación –estando en condiciones de impedirla–, publicación que denota la clara intención de menoscabar, desacreditar y denigrar al querellante, y por esas razones comprueba el dolo del director del periódico, Bortnik.

Del primer caso mencionado destaco el inciso 6° del juez Boffi Boggero, que enuncia la interpretación de la Corte acerca de los alcances del artículo 32 de la Constitución: “con el artículo 32 se propusieron los constituyentes proteger la libertad de prensa en todo el ámbito del país como un derecho esencial e indispensable para asegurarle al pueblo la libre discusión de los asuntos públicos”[14], y es por eso que el más alto Tribunal revoca la sentencia apelada ya que el texto acriminado se refería a la conducta del querellante, en cuanto profesional y persona con actuación pública y política, y en relación con ambas, de interés público.

En el segundo caso, “Morales Solá” (1996), el demandado había publicado un libro en el cual hacía referencia a un comentario desafortunado del querellante Dante Guidone, quien era funcionario en el área de Defensa luego de la vuelta de la democracia en los ‘80, dirigido al ex presidente Raúl Alfonsín, seguido de una contestación considerada poco correcta de su parte.

El querellante entonces inicia acciones contra el autor por ir en contra de su dignidad y honor y por haber publicado una información errónea sobre su persona.

La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia que había absuelto de culpa y cargo a Morales Solá condenándolo a la pena de 3 meses de prisión, en suspenso, por considerarlo penalmente responsable del delito de injurias. Denegado el recurso extraordinario, el querellado ocurrió mediante queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual descalificó por arbitraria la sentencia apelada, ya que, tal como explica el considerando 7°, al soslayar los descargos del imputado, invirtió la carga de la prueba en su perjuicio, resolviendo la cuestión en “flagrante violación del principio de inocencia, al hacer redundar en su detrimento la fortuita circunstancia de la desaparición de la fuente periodística”.[15]

En cuanto a la aplicación de la doctrina de la real malicia dentro del derecho argentino, el juez Boggiano consideró que “la configuración de la “real malicia” presupone la demostración de que ha existido culpa en concreto, la que se verifica ante la comprobación del actuar desaprensivo (“reckless disregard”). En el caso de injuria, debe acreditarse que se incurrió en una conducta que, con arreglo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, tenga capacidad para lesionar la honra o el crédito ajeno”.[16]

d) Derecho a réplica

El derecho a réplica no está contemplado en el texto de la Constitución Nacional, pero su concepto puede inferirse del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se otorga a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, y que entonces, le permitiría acceder a un derecho a réplica. Este mencionado derecho, en concreto, es la facultad para efectuar por el mismo órgano de la ofensa una difusión de una rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley, sin por eso eximirse de otras responsabilidades legales en las que se haya incurrido.

En su relación con el derecho de libertad de prensa, el derecho a réplica surge como contrapartida de la garantía constitucional de “no censura previa”, es decir, como una de las facultades posteriores a la publicación.

El derecho a réplica, a pesar de no estar expresamente enumerado dentro de las garantías constitucionales a nivel nacional, aparece en constituciones provinciales, como por ejemplo en la de Tierra del Fuego, en su artículo 47: “Derecho de respuesta. Toda persona o entidad que se considere afectada por informaciones agraviantes o inexactas, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión de cualquier especie, tiene derecho por el mismo medio a efectuar su rectificación o respuesta, en la forma en que la ley lo determine.”; así como en el art. 19 de la Constitución de Santiago del Estero: “Libertad de expresión. Todo habitante tiene libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agraviante sufra perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su rectificación o respuesta.”

Dentro de los casos más emblemáticos de la recepción favorable de este derecho en la Argentina, se destacan “Ekmekdjian c/Sofovich” y “Petric”.

La resolución del caso “Ekmekdjian c/Sofovich” en 1992 fue un paso firme en la dirección de lo que luego fue la Reforma Constitucional de 1994.

Los hechos del fallo en cuestión comienzan a partir de los dichos de Dalmiro Sáenz sobre Jesús y la Virgen María en el programa televisivo de Gerardo Sofovich. Miguel Ekmekdjian, quien se consideró “profundamente lesionado en sus sentimientos religiosos” por los dichos poco felices de Sáenz, dedujo una acción de amparo dirigida al conductor del ciclo para que en el mismo programa leyera una carta documento que contestaba a sus agravios.

Ante la negativa del conductor del programa de leer su carta, el accionante inició un juicio de amparo fundado en el derecho de réplica basándose para ello en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en el 14 de la CADH, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

Rechazada la acción en la segunda instancia, el accionante dedujo recurso extraordinario cuya denegación motivó su presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta hizo lugar a la queja, declaró procedente el remedio federal y dejó sin efecto el pronunciamiento de grado.

En concreto, el Tribunal considera que “entre las tácticas de prevención y seguridad para evitar, atenuar y reparar los abusos y excesos en que incurren los medios de comunicación se encuentra el ejercicio de los derechos de respuesta y rectificación”, en tutela de la libertad de expresión y la adecuada protección de la dignidad, la honra, los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y por consiguiente, la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos valores. Dicha garantía jurisdiccional, “puede encontrar un medio apto de ejercicio a través de la rectificación, respuesta o procedimientos que se aproximen a ese objeto.”[17]

La Corte Suprema destaca que, “en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de respuesta o rectificación ha sido establecido por el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica que, al ser aprobado por ley 23.054 (…), es ley suprema de la Nación según lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Nacional”[18] y, por ende, “entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales”[19], pudiendo determinar las características mediante las cuales este derecho se ejercitará.

En el segundo caso remarcable, “Petric” inició demanda contra el diario Página 12, al rechazarle el pedido del derecho a réplica contenido en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica por un artículo de 1993 en el cual se le atribuía el carácter de asesor del presidente de la Nación y el desarrollo de actividades de reclutamiento y organización de grupos de mercenarios que luego eran enviados, según la publicación, a combatir junto a las fuerzas croatas en la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995).

La Corte Suprema, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la queja impuesta por el diario luego de la confirmación de la Cámara de la sentencia en Primera Instancia, declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia.

El caso “Petric” continúa con la misma línea de “Ekmekdjian c/Sofovich”, considerando que el derecho a réplica, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos e intereses del rectificante, supone “un complemento a la garantía de la opinión pública libre, ya que el acceso a una versión diferente de los hechos publicados favorece más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege”[20].

Asimismo, tal como los demás derechos, la libertad de expresión, a diferencia de lo que pretendía Página 12, “posee limitaciones, una de las cuales cabe ciertamente reconocer en el derecho de rectificación o respuesta.”[21]

  1. Conclusiones

Tras los análisis realizados, se puede concluir que la libertad de expresión, no puede ser concebida en términos absolutos, ya que no puede interpretarse que la prohibición de censura previa garantizada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, signifique necesariamente la negativa del derecho a réplica ni la irresponsabilidad de los autores o editores luego de publicaciones con informaciones falsas o erróneas, o la difamación de la persona que afecte su honor o dignidad, como así tampoco la inmiscusión de la prensa en la intimidad de figuras públicas por razones de interés público.

* Estudiante de último año de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Salvador y la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Referencias:

[1] BIDART CAMPOS, GERMÁN J., “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo II, Capítulo XII, Ediar, Buenos Aires, 1998

[2] GUTIÉRREZ POSSE, HORTENSIA. “La libertad de pensamiento y de expresión y el poder reglamentario del Estado en la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la doctrina que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en BIDART CAMPOS y PIZZOLO, CALOGERO (Coordinadores), “Derechos Humanos. Corte Interamericana”, V. I, San Juan, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2000, pág. 390

[3] SAGÜÉS, NÉSTOR, “Manual de Derecho Constitucional” Buenos Aires: Astrea. 2014. p. 605.

[4] CSJN, “Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen” (JA, 1988-III-606)

[5] GONZÁLEZ, JOAQUÍN V. “Manual de Derecho Constitucional”, Buenos Aires: Ángel Estrada y Cia., 1897, p. 158.

[6] DE TOCQUEVILLE, ALEXIS. “La democracia en América”. Traducción de CUÉLLAR, LUIS R., F.C.E., México, 1957, p. 202 y ss.

[7] CSJN, “Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo” (JA, 1992-IV-10)

[8] CSJN, “Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo” (JA, 1992-IV-10)

[9] CSJN, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/Editorial Atlántida S.A.” (Fallos, 306:1892), considerando 19° del voto del Dr. Enrique S. Petracchi

[10] CSJN, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A. s/ daños y perjuicios” (Fallos, 306:1892)

[11] CSJN, “Campillay, Julio C. c/La Razón y otros” (Fallos, 308:789)

[12] Corte Suprema de los Estados Unidos, “New York Times v. Sullivan” (376 U.S. 255 de 1964)

[13] BADENI, GREGORIO. “Tratado de Derecho Constitucional”, Buenos Aires: La Ley, 2011, p. 771.

[14] CSJN, “Pérez, Eduardo y otro” (Fallos, 257:308)

[15] CSJN, “Morales Solá, Joaquín M.” (Fallos, 319:2741)

[16] CSJN, “Morales Solá, Joaquín M.” (Fallos, 319:2741), considerando 7° del Dr. Boggiano.

[17] CSJN, “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL, 1992-C-543), considerandos 13° y 10°.

[18] CSJN, “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL, 1992-C-543), considerando 15°

[19] CSJN, “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL, 1992-C-543), considerando 22°

[20] Confr. consid. 5º de la sentencia Nº 168/1986, del 22/12/86, dictada por la sala II del Tribunal Constitucional de España, registrada en la obra de J. Puyol Montero y M. F. Generoso Hermoso, “Manual Práctico de Doctrina Constitucional en materia de derecho al honor, a la intimidad y derecho de rectificación”, p. 369 y sigtes., Madrid, 1991.

[21] CSJN, “Petric c/Diario Página 12” (LL, 1998-C-284), considerando 10°.

 

Fotografía: Micaela Delfino
Modelo: Dylan Bokler
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